Campesinos y Transportistas Levantan Bloqueos Tras Negociaciones Clave con Segob por Ley de Aguas y Seguridad Vial

Después de cuatro días de intensos bloqueos en carreteras, casetas de peaje y aduanas a lo largo del país, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunciaron el levantamiento de sus protestas tras alcanzar acuerdos significativos con la Secretaría de Gobernación (Segob) el 28 de noviembre de 2025. La movilización, que había generado serias afectaciones al libre tránsito y a los servicios de emergencia, concluye con el compromiso de las autoridades federales de atender demandas cruciales en materia de Ley General de Aguas, seguridad en carreteras y apoyos al sector agrícola.

Las negociaciones, que culminaron en una maratónica sesión de más de 13 horas en la sede de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, fueron encabezadas por la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez. En el diálogo también participaron el subsecretario César Alejandro Yáñez Centeno Cabrera, así como representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Por parte de los manifestantes, estuvieron presentes líderes clave como Baltazar Valdez, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa y líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo, David Estévez, líder de la ANTAC, y Eraclio Rodríguez, dirigente del FNRCM.

Inicialmente, las negociaciones durante la semana habían sido descritas como “infructuosas” o “atoradas”, sin lograr acuerdos concretos, lo que llevó a líderes como Baltazar Valdez a intensificar las protestas el 26 de noviembre. Sin embargo, la disposición al diálogo prevaleció, resultando en un pacto que incluye la instalación de tres mesas de trabajo permanentes para dar seguimiento a los compromisos adquiridos.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la modificación de la iniciativa de la Ley General de Aguas. El gobierno federal se comprometió a considerar ajustes significativos en la propuesta legislativa. Eraclio Rodríguez, del FNRCM, explicó que se harán modificaciones respecto al tema de las concesiones, buscando que estas puedan ser heredadas. Además, la iniciativa perfila un trato diferenciado para el uso del agua, distinguiendo entre el recurso destinado a la agricultura y el de uso industrial u otros fines, si bien se mantendrá la premisa de privilegiar el uso doméstico del líquido extraído de pozos. La Cámara de Diputados ha estado involucrada en estas negociaciones, previendo realizar cambios “a fondo” con la presentación de más de 30 modificaciones por parte del grupo parlamentario de Morena en la Comisión de Recursos Hidráulicos. Los temas clave incluyen garantizar el “binomio agua-tierra” en la herencia o venta de propiedades, asegurar el volumen de los recursos hídricos ya utilizados por los productores y abordar las preocupaciones sobre las sanciones contempladas en la iniciativa. El objetivo es evitar el acaparamiento y uso indebido del agua, así como poner orden en las concesiones que han sido otorgadas de manera irregular, buscando dar certeza jurídica en el manejo del recurso y reconociéndolo como un bien estratégico y un derecho humano fundamental, no como una mercancía. La nueva Ley General de Aguas tiene como meta prohibir las concesiones entre privados, estableciendo que solo el Estado podrá otorgar y distribuir estos títulos.

En materia de seguridad en carreteras, las partes pactaron la creación de una fiscalía especializada en delitos cometidos en las vías de comunicación. Asimismo, se acordó que los policías estatales ya no participarán en la vigilancia de las carreteras, a menos que estén “vigilados” por la Guardia Nacional, y se instalarán cámaras de seguridad en diversos puntos para mejorar la supervisión. David Estévez, de ANTAC, aunque manifestó que los transportistas no están “totalmente satisfechos”, resaltó el compromiso del gobierno para mejorar la seguridad vial, en respuesta al aumento de crímenes y desapariciones que afectan a los operadores en todo el país.

Respecto a las demandas del sector agrícola, el gobierno federal se comprometió a establecer una mesa de trabajo permanente para concretar precios de garantía y créditos para el campo. Baltazar Valdez informó que hubo un compromiso para “sacar todos los pagos pendientes de los apoyos” reclamados para el trigo y maíz. También se discutirá la petición de excluir los granos básicos y las oleaginosas de una eventual revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026, con el propósito de que sea el mercado nacional el que fije los precios. Adicionalmente, se analizarán nuevos esquemas de crédito agrícola para brindar mayor apoyo financiero a los productores, y se revisarán los costos de producción con el fin de establecer precios de garantía que otorguen certidumbre al sector. La SADER, por su parte, se comprometió a publicar en un plazo máximo de quince días la mecánica operativa para los ciclos Primavera-Verano 2024 y Otoño-Invierno 2024-2025 de trigo, incluyendo la apertura de ventanillas para nuevos registros. Se abrirá un periodo de 21 días para que los productores de maíz y trigo excluidos de apoyos anteriores presenten sus solicitudes de revisión, con un plazo máximo de 45 días para que la SADER resuelva, pague y notifique. A partir del 8 de diciembre, se instalará una mesa de diálogo enfocada en políticas públicas del modelo de desarrollo agroalimentario, con la participación de Hacienda, Economía y Alimentación para el Bienestar.

Como muestra de buena voluntad, los productores ya habían comenzado a liberar puntos estratégicos en estados como Sinaloa, incluyendo accesos a la planta de Minsa y casetas de cobro, así como la garita de Nogales, aunque las manifestaciones a un lado de las instalaciones se mantuvieron mientras continuaban las negociaciones. La Segob confirmó que los manifestantes se comprometieron a levantar de forma inmediata todos los bloqueos carreteros para restablecer el libre tránsito y el paso de servicios de emergencia. Este acuerdo marca el fin de una etapa de protestas y el inicio de un proceso de diálogo y trabajo conjunto para abordar las problemáticas que afectan a estos sectores vitales para la economía mexicana.

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