Diputados Aprueban por Unanimidad Iniciativa para Salud y Envejecimiento Digno de Adultos Mayores en México

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados ha aprobado por unanimidad el dictamen de una iniciativa que busca fortalecer los derechos en materia de salud de las personas adultas mayores y promover un envejecimiento digno y saludable.

La propuesta, impulsada por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez y respaldada por la senadora Gina Campuzano González, plantea reformas significativas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Específicamente, modifica los incisos b) y d) de la fracción III del artículo 5 de dicha ley, con el objetivo primordial de incorporar expresamente la atención médica domiciliaria y fomentar activamente un envejecimiento saludable.

Esta iniciativa surge como una respuesta a las apremiantes necesidades de millones de personas adultas mayores en el país que, debido a enfermedades crónicas, problemas de movilidad, discapacidades u otras condiciones, enfrentan serias dificultades para trasladarse a las unidades médicas y acceder a los servicios de salud que requieren. La reforma busca asegurar que esta etapa de la vida sea vivida con la dignidad, autonomía, bienestar y el acompañamiento que merecen.

La legisladora Liz Martínez, de filiación panista, subrayó la importancia de esta aprobación unánime al señalar que representa un avance crucial para acercar los servicios de salud a quienes más los necesitan. La meta es clara: garantizar que las personas mayores puedan desarrollar, conservar y fomentar sus capacidades funcionales, desempeñando sus roles sociales y accediendo a condiciones que promuevan un envejecimiento activo y pleno.

El dictamen aprobado establece que las personas adultas mayores tendrán acceso preferente a los servicios de salud, lo que incluye de manera explícita la atención médica domiciliaria. Esto se implementará en el marco de los programas gubernamentales existentes, las disposiciones aplicables y siempre en función de la disponibilidad institucional y presupuestaria. Se reconoce así su derecho a mantener sus capacidades funcionales, cognitivas, físicas, sociales, culturales y comunitarias, a través de programas y servicios que fomenten su independencia y participación familiar y comunitaria.

Las proyecciones demográficas oficiales resaltan la urgencia de estas medidas. Se calcula que durante 2026, México cuenta con aproximadamente 17.8 millones de personas de 60 años o más, cifra que equivale al 13.24% de la población nacional. Además, se estima que para el año 2070, este segmento poblacional podría alcanzar los 48.4 millones, representando cerca de un tercio del total del país. Este envejecimiento poblacional exige políticas públicas que trasciendan la mera cuantificación del aumento de personas mayores y se enfoquen en la calidad de vida.

En este contexto, el dictamen también destaca la necesidad de ampliar los servicios de prevención, los programas especializados y los esquemas de atención continua. Se busca favorecer que las personas adultas mayores puedan permanecer en sus entornos familiares y comunitarios, evitando el aislamiento y promoviendo su integración. Cabe mencionar que el Gobierno de México ya impulsa un modelo de atención domiciliaria a través del programa “Salud Casa por Casa”, dirigido a derechohabientes de pensiones para personas adultas mayores y con discapacidad permanente, el cual realiza visitas de personal de salud para atención preventiva y seguimiento médico.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, presidida por la diputada De Los Santos Flores Casandra Prisilla, ha tenido una semana activa. Además del dictamen para adultos mayores, la comisión también aprobó otras iniciativas relevantes relacionadas con la equidad de género en la inclusión laboral de personas con discapacidad, así como mejoras en los procedimientos administrativos y judiciales para este mismo grupo. Estos esfuerzos legislativos conjuntos subrayan el compromiso de la Cámara de Diputados con la protección y el fortalecimiento de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana.

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