Buscan Blindar Conectividad Digital Ante Desastres Naturales Tras Lecciones del Huracán Otis
Publicado elEl diputado Irugami Perea impulsa una iniciativa de ley para asegurar la conectividad digital en desastres naturales. Inspirada en el huracán Otis, esta propuesta busca reformar leyes y crear puntos de conectividad con WiFi satelital.
La Cámara de Diputados de México ha puesto en marcha una iniciativa de ley trascendental destinada a garantizar la conectividad digital en escenarios de emergencia y desastres naturales. Esta propuesta legislativa es impulsada por el diputado Irugami Perea, con el firme objetivo de evitar la incomunicación que históricamente ha agravado las consecuencias de las contingencias en el país.
La necesidad de esta reforma se hizo dolorosamente evidente durante el paso del huracán Otis por Acapulco en octubre de 2023, un evento que dejó a miles de personas sin la capacidad de comunicarse con sus seres queridos y obstaculizó gravemente la coordinación de los equipos de auxilio debido a la falla masiva de las redes de telecomunicaciones. Sin embargo, la experiencia de Otis no es un caso aislado. México, un país propenso a desastres naturales, ha enfrentado desafíos similares con huracanes como Ingrid y Manuel en 2013, Patricia en 2015, John en 2024 y Erick en 2025, además del sismo del 19 de septiembre de 2017 y las inundaciones en Tabasco en 2020. En cada uno de estos eventos, la caída de la infraestructura de telecomunicaciones ha sido un factor crítico, prolongando la desconexión de la población y dificultando una respuesta efectiva.
La iniciativa propuesta por el diputado Irugami Perea, quien estuvo acompañado por sus colegas legisladores Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna y Javier Taja Ramírez del Grupo Parlamentario de Morena, así como por Gerardo Olivares Mejía del Partido del Trabajo, busca subsanar este "vacío normativo" que hasta ahora ha dependido de la improvisación. La legislación actual, si bien la Ley General de Protección Civil contempla mecanismos de coordinación interinstitucional, no integra la conectividad digital como un elemento estratégico esencial. Por su parte, la Ley en Materia de Telecomunicaciones establece obligaciones generales para los concesionarios, pero carece de previsiones específicas para soluciones satelitales o alternativas cuando la red terrestre colapsa por un fenómeno natural.
En un movimiento innovador, esta iniciativa unifica por primera vez ambos ordenamientos legales en un solo decreto. Propone reformas al artículo 75 de la Ley General de Protección Civil y la adición del artículo 102 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El corazón de la propuesta radica en la creación de "Puntos Públicos de Conectividad de Emergencia". Estos puntos se establecerán estratégicamente en plazas, parques y otros espacios comunitarios de los municipios del país. La característica distintiva de estos puntos es que contarán con conectividad WiFi satelital y sistemas autónomos de energía, garantizando su operación ininterrumpida incluso en los días posteriores a una contingencia, cuando la infraestructura convencional puede estar comprometida.
La implementación de esta infraestructura se realizará de forma progresiva, priorizando aquellos municipios que presenten una mayor exposición a riesgos naturales. Acapulco, dada su reciente experiencia con el huracán Otis, es uno de los lugares que serán prioritarios en este despliegue. Además, la iniciativa transforma en una obligación legal lo que hasta ahora era una contingencia. Las empresas de telecomunicaciones y el Estado estarán legalmente compelidos a garantizar que, en caso de un desastre que derribe la red, ningún ciudadano mexicano quede sin conexión. Este compromiso busca asegurar que las familias puedan comunicarse y que los equipos de rescate puedan coordinarse de manera efectiva, salvaguardando vidas y minimizando el impacto de las emergencias.
En cuanto a los plazos, la propuesta establece que, de ser aprobada, el Ejecutivo federal dispondrá de 180 días naturales para emitir los lineamientos y reglamentos correspondientes. Por su parte, las empresas concesionarias del servicio de telecomunicaciones tendrán un plazo de hasta 12 meses para implementar los mecanismos y adecuaciones necesarios conforme a la nueva reforma.
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