Crisis de Desapariciones en México: Colectivos y Expertos Urgen al Gobierno a Aceptar Ayuda Internacional

En una jornada marcada por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, colectivos de familiares, expertos y organizaciones de derechos humanos han lanzado un llamado unánime y enérgico al gobierno mexicano para que acepte la cooperación y asistencia de organismos internacionales ante la persistente y alarmante crisis de desapariciones que vive el país. La exigencia subraya que la soberanía nacional no se ve amenazada por el escrutinio internacional, sino que, por el contrario, dicha colaboración es crucial para abordar un flagelo que ya supera las 132 mil personas desaparecidas y no localizadas.

Durante un conversatorio celebrado este 30 de agosto, diversas voces convergieron en la necesidad de pasar de la "administración de la crisis a su erradicación", reclamando resultados concretos en materia de prevención, búsqueda, identificación y justicia. Se destacó que, a pesar de la existencia de un marco jurídico e institucional robusto, impulsado en gran medida por los propios familiares, las herramientas disponibles no se han traducido en acciones efectivas ni en la disminución de la impunidad.

La situación, calificada como una "herida abierta" que une a familias de distintos estados en la misma lucha, es profundamente preocupante. Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indican que, al 29 de agosto de 2026, la cifra ascendía a 132,844 personas desaparecidas y no localizadas en el país. A este dramático número se suman más de 72 mil cuerpos que permanecen sin identificar en diferentes morgues del país, evidenciando una crisis forense de proporciones críticas.

Expertos y organizaciones argumentan que la cooperación internacional no es un mecanismo punitivo, sino una "oportunidad histórica" para fortalecer los esfuerzos nacionales. Dolores González Saravia, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, recalcó que las autoridades no deben interpretar la observación internacional como una afrenta a la soberanía, aunque reconoció una "preocupación legítima y con fundamento" por defender la autodeterminación, particularmente ante Estados Unidos.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) ha enfatizado que "un registro no encuentra a una persona; un expediente no sustituye una investigación; una recomendación no transforma la realidad si no se cumple", pidiendo que las herramientas existentes se traduzcan en resultados tangibles.

Una de las propuestas centrales emanadas de los conversatorios y posicionamientos públicos es la creación de una comisión que logre compilar los hallazgos realizados por diversas instancias oficiales, integrándolos con las invaluables experiencias y necesidades de las familias de las víctimas. Este enfoque colaborativo busca sentar las bases para el desarrollo de políticas públicas verdaderamente integrales que abarquen la prevención de las desapariciones, la búsqueda de las víctimas y la identificación de cuerpos, con el fin último de garantizar verdad, justicia y reparación.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) han documentado la magnitud del problema. La CIDH, en su Informe sobre desapariciones en México publicado en febrero de 2026, calificó el fenómeno como generalizado y advirtió sobre los problemas estructurales para su prevención e investigación. El CED, por su parte, activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en marzo de 2025 y solicitó en abril de 2026 que la situación de México fuera remitida a la Asamblea General de la ONU, señalando indicios fundados de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el gobierno mexicano ha rechazado algunas de estas solicitudes y mecanismos.

La situación es agravada por los riesgos que enfrentan las personas buscadoras, muchas de ellas mujeres. Organizaciones como Amnistía Internacional urgen al Estado mexicano a reconocerlas como defensoras de derechos humanos y a garantizar su seguridad, en un contexto donde se han reportado asesinatos y desapariciones de activistas.

Incluso la libertad de prensa se ve afectada por este flagelo. Reporteros Sin Fronteras (RSF) alertó que México es un caso "emblemático" en el aumento de desapariciones forzadas de periodistas, con al menos seis profesionales de los medios desaparecidos, afirmando que el gobierno, a través de sus fuerzas policiales o gobiernos estatales, ha sido un actor principal o ha actuado con complicidad.

En este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha reunido con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y su gobierno ha presentado diez acciones para reforzar la Estrategia Nacional de Búsqueda, incluyendo garantizar carpetas de investigación para cada reporte, ampliar búsquedas en hospitales y cárceles, y un plan de identificación humana. A pesar de estos esfuerzos, la comunidad internacional y los colectivos insisten en la necesidad de una apertura total a la cooperación internacional para enfrentar la crisis en toda su dimensión y garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas.

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