FGR Acusa de Nuevo a Javier Duarte: Desvíos Millonarios en Salud Amenazan Extender su Condena y Frustran Libertad Anticipada

La Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto nuevamente en el ojo del huracán al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, al presentar nuevas imputaciones por desvíos millonarios de recursos públicos. Esta acción judicial no solo amenaza con prolongar la condena del exmandatario, sino que también frustra sus recientes intentos de obtener la libertad anticipada, la cual le fue denegada hace apenas unas semanas por una jueza federal.

Los nuevos cargos presentados por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR se centran en el delito de peculado, relacionado con el manejo indebido de fondos federales destinados específicamente al sector salud. Este desarrollo representa un giro significativo en el panorama legal de Duarte, ya que estos nuevos delitos son distintos a aquellos por los cuales fue extraditado desde Guatemala en 2017, los cuales incluían lavado de dinero y delincuencia organizada.

Para proceder con estas nuevas imputaciones, la FGR obtuvo la autorización del gobierno de Guatemala. Esta autorización es crucial debido a los tratados internacionales que rigen los procesos de extradición, los cuales establecen que una persona extraditada no puede ser juzgada por delitos diferentes a los que motivaron su entrega, a menos que el país que la entregó otorgue el permiso correspondiente. La solicitud para ampliar los cargos había sido tramitada por la FGR desde hace varios meses.

De acuerdo con datos proporcionados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los fondos presuntamente desviados durante la administración de Javier Duarte, entre 2010 y 2016, ascienden a más de 62 mil millones de pesos. Esta cifra subraya la magnitud de la presunta corrupción y el impacto que tuvo en el erario público, superando incluso, en algunos análisis, las observaciones combinadas de otros casos emblemáticos de corrupción en México.

Un elemento clave en estas nuevas acusaciones es el testimonio de Tarek Abdalá Saad, extesorero estatal durante el gobierno de Duarte. Abdalá Saad, quien colabora con la FGR bajo un criterio de oportunidad, confesó que el exgobernador supuestamente implementó un esquema para mover y gastar de manera irregular recursos públicos. Según su declaración, estos fondos no solo fueron utilizados para gastos indebidos del Estado, sino también para fines personales del exgobernador y para beneficiar a sus allegados, a través de empresas fantasma o cuentas simuladas.

La primera imputación por peculado ya fue presentada ante un juez federal en el Reclusorio Norte, donde Duarte se encuentra actualmente. La audiencia inicial para notificarle estos nuevos cargos estaba programada originalmente para el 27 de noviembre, pero tuvo que ser suspendida debido a problemas de salud reportados por el exgobernador. Hasta el momento, no se ha establecido una nueva fecha para su realización.

Si la FGR logra obtener una nueva vinculación a proceso por parte de un juez federal, los fiscales podrían solicitar la prisión preventiva para Javier Duarte. De ser concedida, esta medida impediría su liberación, que estaba prevista para abril de 2026, fecha en que finalizaría su sentencia actual. Este escenario pone en riesgo la posibilidad de una libertad anticipada que el exmandatario había estado buscando activamente, llegando incluso a acusar a la FGR de montar un “circo mediático” para mantenerlo preso.

Por su parte, la defensa de Duarte, encabezada por Pablo Campuzano, ha indicado que aguardarán a conocer a fondo los detalles de las nuevas acusaciones. Sin embargo, Campuzano adelantó que su cliente no tiene responsabilidad en el movimiento de recursos, argumentando que la firma del gobernador solo fue para un decreto destinado a utilizar recursos federales de libre disposición. La aparición de Ernestina Godoy Ramos como la nueva titular de la FGR ha sido señalada como un factor en la agilización de casos relevantes como el de Duarte, marcando una diferencia con la gestión anterior.

Esta nueva fase en el proceso legal de Javier Duarte subraya la persistencia de las autoridades mexicanas en combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas, particularmente en casos de alto perfil que involucran el desvío de fondos públicos. La ciudadanía y los observadores políticos estarán atentos al desarrollo de estas nuevas imputaciones y a las decisiones judiciales que podrían redefinir el futuro del exgobernador veracruzano.

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