México: Fiscalías Actualizan Protocolo Contra Desapariciones y Lanzan Manual Anti-Extorsión, Abrazando Derechos Humanos

La Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales han anunciado una serie de actualizaciones y la implementación de nuevas herramientas. Los acuerdos, emanados de la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) celebrada en Nayarit, se centran en la actualización del Protocolo Homologado de Investigación en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, la presentación de un nuevo manual para la investigación de delitos de extorsión, y la adopción de un protocolo especializado para delitos contra defensores de derechos humanos.

El objetivo de estas acciones es reforzar la capacitación, la coordinación y la asignación de recursos para atender de manera más eficaz las desapariciones y otros delitos de alto impacto que flagelan al país. La vocera de la CNPJ, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, fiscal general de Nayarit, enfatizó que estos acuerdos deberán traducirse en protocolos aplicados, investigaciones sólidas y mejores resultados para las víctimas y sus familias.

Avances Cruciales Contra la Desaparición de Personas

La actualización del Protocolo Homologado de Investigación en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares representa un esfuerzo concertado para unificar los criterios de actuación y mejorar la respuesta institucional ante esta grave problemática. Las fiscalías del país han acordado una serie de acciones concretas, incluyendo la difusión amplia del protocolo actualizado y la capacitación y certificación del personal ministerial, pericial y policial encargado de su aplicación. Esta profesionalización es clave para garantizar que los servidores públicos cuenten con la preparación y las herramientas adecuadas para llevar a cabo su trabajo, como se señaló durante la asamblea.

Adicionalmente, se ha acordado fortalecer las Fiscalías Especializadas en la materia y asegurar recursos específicos en los presupuestos de 2027. Esto permitirá mejorar la infraestructura, el personal y las capacidades destinadas a la búsqueda de personas y la atención a sus familias, abordando así una de las condiciones esenciales para optimizar la capacidad institucional. La coordinación entre autoridades federales y estatales se perfila como un reto fundamental en este ámbito, y la actualización del protocolo busca homologar criterios entre agentes ministeriales, policías y especialistas forenses. Asimismo, se buscará fortalecer el Banco Nacional de Datos Forenses, mejorando la calidad de sus registros y facilitando el intercambio de información entre la Federación y las entidades federativas.

Frente Común Contra la Extorsión con un Nuevo Manual

En la misma línea de fortalecimiento institucional, se presentó un manual de operación diseñado específicamente para las fiscalías y unidades especializadas encargadas de recibir denuncias, investigar y perseguir el delito de extorsión. Este manual servirá como una herramienta valiosa para compartir experiencias y fortalecer las capacidades institucionales, promoviendo la profesionalización del personal en la investigación y persecución de este delito de alto impacto. Se difundirá la oferta educativa del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) con énfasis en programas relacionados con el combate a la extorsión.

Protección a Defensores de Derechos Humanos: Un Protocolo Especializado

Un logro destacado de la Asamblea Plenaria es la adopción del Protocolo Homologado Especializado para la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de los derechos humanos. Esta herramienta, que ha sido celebrada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), tiene como fin fortalecer las capacidades de las fiscalías y contribuir al acceso a la justicia para quienes se dedican a la defensa de los derechos fundamentales.

El protocolo es resultado de un proceso colaborativo iniciado a finales de 2022 entre la FGR y la ONU-DH, y su contenido ha sido enriquecido con aportaciones de fiscalías estatales, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas. Entre sus principales características, el instrumento establece su aplicación obligatoria por todas las autoridades competentes cuando existan indicios de que la víctima realiza actividades de defensa de derechos humanos. Además, incorpora una definición de persona defensora de derechos humanos acorde con los estándares internacionales, reafirma la participación de las víctimas y sus familiares en las investigaciones, y reconoce el principio de no criminalización de la labor de defensa. La urgencia de este protocolo se subraya por las alarmantes cifras de violencia: entre 2016 y 2025, se documentaron 184 personas defensoras de derechos humanos privadas de la vida y 43 desaparecidas en México, presuntamente vinculadas a su labor.

Agenda Integral de Justicia

La LIV Asamblea Plenaria de la CNPJ también abarcó otros temas relevantes para la procuración de justicia en el país. Se analizó la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Feminicidio, buscando homologar criterios y establecer mecanismos de coordinación y atención a víctimas. Asimismo, se abordaron propuestas de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, orientadas a agilizar y fortalecer la investigación de los delitos. La profesionalización del personal en diversas áreas y la mejora de los registros forenses con el Banco Nacional de Datos Forenses fueron puntos clave en la agenda, reforzando la visión de una justicia más coordinada y efectiva en todo el territorio nacional.

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