Europa Aprueba Endurecimiento Migratorio: Luz Verde a Lista de Países 'Seguros' para Asilo y Tensión por Propuesta de Regularización Española

El Parlamento Europeo ha sido este 10 de febrero de 2026 escenario de intensos debates y votaciones que marcan un endurecimiento significativo en la política migratoria de la Unión Europea. La Eurocámara ha dado luz verde a una nueva normativa que redefine los conceptos de 'países seguros' para el asilo y ha aprobado una primera lista europea de 'países de origen seguros', facilitando las expulsiones y agilizando los procedimientos de asilo. Paralelamente, la propuesta del Gobierno español para regularizar a medio millón de migrantes ha generado preocupación y debate por sus posibles repercusiones en el espacio Schengen y en la política migratoria común.

La regularización de migrantes irregulares en España, una iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez que busca otorgar estatus legal a aproximadamente 500.000 personas que hayan residido en el país al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y que carezcan de antecedentes penales, ha sido objeto de análisis por parte de los eurodiputados. Según la propuesta, los beneficiarios obtendrían un permiso de residencia inicial de un año, con posibilidad de trabajar en España. Sin embargo, esta medida ha encontrado una fuerte resistencia por parte de la Comisión Europea, que ha expresado “serias reservas” y ha “frenado en seco el optimismo” español, argumentando el temor a un “efecto llamada” que podría desestabilizar la integridad del espacio Schengen y contradecir el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE. El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, si bien reconoció que la regularización es competencia de los Estados miembros, advirtió que España deberá “asegurarse” de que su decisión no tenga “consecuencias negativas” para el resto de la Unión.

La oposición a la propuesta española también se ha manifestado con contundencia en el Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo (PPE) ha denunciado la regularización masiva como una acción “a ciegas y por decreto” que generaría graves consecuencias para la UE, potenciaría las mafias de trata de personas y provocaría un efecto llamada. La vicepresidenta del Grupo PPE, Dolors Montserrat, criticó que la medida se pretenda imponer “sin verificar si tienen antecedentes penales y policiales” y “sin aprobación ni debate en el Parlamento nacional”. La preocupación se centra en que un permiso de residencia español podría, en la práctica, facilitar el movimiento incontrolado de estas personas por el espacio Schengen, una pesadilla para países como Francia o Alemania. La Comisión Europea, además, ha señalado que otorgar un estatus legal a gran escala envía un mensaje contradictorio a las mafias que operan en el Mediterráneo y el Atlántico, justo cuando la UE busca endurecer sus fronteras.

En un frente relacionado, el Parlamento Europeo ha aprobado cambios sustanciales en la normativa de la UE que define qué constituye un “tercer país seguro” y ha dado luz verde a la creación de una primera lista europea de “países de origen seguros”. Esta lista inicial incluye a Bangladés, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez. Las nuevas normas, que han sido validadas por la Eurocámara, tienen como objetivo agilizar los procedimientos de asilo y facilitar la expulsión de migrantes a estos territorios.

Una de las modificaciones más destacadas en el concepto de “tercer país seguro” es la eliminación del requisito de que exista un vínculo previo entre el solicitante de asilo y el país al que podría ser enviado. Esto significa que las solicitudes de asilo podrían ser rechazadas de forma automática si se comprueba que el migrante transitó por dicho país, residió allí anteriormente, cuenta con nexos de carácter cultural o familiar, o si simplemente media un acuerdo bilateral o multilateral que facilite el procedimiento. Además, la normativa traslada la carga de la prueba al solicitante de asilo, quien deberá demostrar que la disposición sobre el “país seguro” no debe aplicarse en su caso debido a un temor fundado a ser perseguido o al riesgo de daños graves.

La aprobación de estas medidas ha sido posible gracias a una alianza de partidos de centroderecha, derecha conservadora y extrema derecha, a pesar de la fuerte oposición de amplios sectores socialistas, ecologistas y de la izquierda. España, junto con Francia y Portugal, votó en contra de la medida en diciembre pasado, expresando “serias dudas jurídicas” y considerando que el texto “rompe con la integridad” del pacto migratorio y de asilo. Organizaciones humanitarias y eurodiputados críticos, como Mélissa Camara, han alertado sobre la “deshumanización de la política migratoria de la UE” y la amenaza que esto representa para los derechos fundamentales de quienes buscan protección internacional. La Oficina Internacional para los Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO) incluso ha cuestionado la inclusión de Colombia en la lista de países seguros, citando los persistentes asesinatos de defensores de derechos humanos y el control armado en ciertas regiones.

Estas dos piezas legislativas, ya acordadas por las instituciones europeas, están pendientes de ser adoptadas por el Consejo, un paso que se considera un “mero trámite” que ocurrirá en fechas próximas. Las decisiones tomadas en Estrasburgo reflejan un claro giro hacia una política migratoria más restrictiva en la Unión Europea, buscando un mayor control sobre los flujos migratorios y una aceleración en los procesos de retorno y rechazo de solicitudes de asilo, a pesar de las críticas sobre su impacto en los derechos humanos y la coherencia dentro del bloque.

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