Senado de México Aprueba 'Plan B' de Reforma Electoral: Austeridad Histórica y Revocación de Mandato sin Cambios

El Senado de la República de México avaló el 26 de marzo de 2026 el denominado 'Plan B' de la reforma electoral, una iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca transformar la estructura y el gasto del sistema electoral del país. La aprobación se dio con una mayoría calificada de 87 votos a favor y 41 en contra, contando con el respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), aunque este último con una reserva crucial. La oposición, conformada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, votó en contra, argumentando riesgos para la democracia.

La esencia de la reforma aprobada se centra en una serie de medidas de austeridad y reorganización institucional, que abordan recortes presupuestales y la eliminación de privilegios para diversos funcionarios. Entre los puntos clave avalados se encuentra la imposición de topes presupuestales para los congresos locales, estableciendo que su gasto no deberá exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad federativa. Además, el propio Senado de la República deberá ajustar su presupuesto anualmente de forma progresiva durante los próximos cuatro ejercicios fiscales, con el objetivo de alcanzar una reducción acumulada del 15 por ciento.

Otro aspecto fundamental de la reforma aprobada es la eliminación de prestaciones y beneficios para consejeros y magistrados electorales, así como para altos funcionarios de órganos electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE), los tribunales electorales y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Esto incluye la prohibición de contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, pensiones privadas, cajas de ahorro especiales u otras prestaciones. Asimismo, se establece que ningún funcionario electoral podrá percibir una remuneración superior a la del Presidente de la República, en consonancia con los principios de austeridad. Estas acciones tienen como fin, según la presidenta Sheinbaum, redirigir los recursos públicos hacia áreas como la salud, la educación y los programas de bienestar.

En el ámbito municipal, la reforma introduce modificaciones a la estructura de los ayuntamientos. Se establece que estos podrán integrarse con una sindicatura y un límite de hasta 15 regidurías. Estas medidas buscan una simplificación del aparato gubernamental local y una racionalización del gasto.

Un punto de inflexión en la discusión fue la revocación de mandato presidencial. La propuesta original de la presidenta Sheinbaum buscaba modificar el artículo 35 de la Constitución para permitir que la consulta de revocación pudiera solicitarse al final del segundo o tercer año del sexenio, lo que habría posibilitado su concurrencia con las elecciones de 2027. Sin embargo, el Senado, ante la negativa del Partido del Trabajo (PT) de respaldar dichos cambios, decidió no incluir modificaciones a este artículo. La senadora del PT, Liseth Sánchez García, argumentó que mezclar la consulta de revocación con una elección intermedia corría el riesgo de distorsionar el sentido democrático del proceso, defendiendo la necesidad de proteger la participación ciudadana y garantizar la estabilidad democrática del país. Como resultado, la revocación de mandato se mantiene en los términos vigentes de la Constitución, lo que implica que, en caso de ser solicitada, se realizaría en el año 2028.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aprobación de las partes del 'Plan B' que consideraba más importantes, enfocadas en la reducción de privilegios y el uso eficiente del recurso público, aunque expresó su lamento por la falta de avance en los cambios a la revocación de mandato. Por su parte, la oposición criticó la reforma, señalando que representa una regresión democrática y busca debilitar las instituciones electorales para concentrar el control político. Algunos legisladores de oposición manifestaron su preocupación por la sobrerrepresentación y la falta de atención a temas de fondo como la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Expertos también han advertido sobre posibles riesgos para la estructura y funcionamiento del INE derivados de los cambios a leyes secundarias.

Tras su aprobación en el Senado, el dictamen con proyecto de decreto ha sido turnado a la Cámara de Diputados para su revisión. En caso de ser aprobado sin modificaciones en esa cámara, el proyecto requerirá la ratificación de al menos 17 de los 32 congresos locales para que los cambios se reflejen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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