Presidenta Claudia Sheinbaum propone aplazar elección judicial a 2028

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha presentado una propuesta de reforma constitucional para posponer la próxima elección del Poder Judicial de 2027 a 2028. El anuncio fue realizado este lunes 18 de mayo de 2026, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, y busca facilitar el proceso de votación ante la magnitud de los comicios ordinarios previstos para 2027.

Según explicó la mandataria, el criterio principal para esta modificación no es el costo, sino la optimización de la operación electoral y la facilidad para que los ciudadanos ejerzan su voto. En 2027, México enfrentará una jornada electoral de gran envergadura que incluirá la renovación de gubernaturas en 17 estados, la Cámara de Diputados, congresos locales y gobiernos municipales en gran parte del país.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, detalló que, de ser aprobada la reforma, la jornada electoral judicial se trasladaría a junio de 2028, tanto a nivel federal como local. Esta nueva fecha permitiría que las elecciones judiciales coincidan con un posible proceso de revocación de mandato presidencial, realizándose el mismo día y en la misma casilla, lo que simplificaría la boleta electoral y la participación de los electores.

La iniciativa surge también como una respuesta a las críticas y observaciones generadas tras la primera elección judicial realizada en 2025. Aquel proceso, según se ha señalado, presentó baja participación ciudadana, complejidad en las boletas y cuestionamientos sobre la selección de perfiles. La propuesta de Sheinbaum busca corregir estas fallas y fortalecer los filtros para seleccionar candidatos con perfiles más sólidos y técnicos.

Entre los cambios clave que contempla la reforma se encuentra la reducción significativa del número de candidaturas. Por ejemplo, las candidaturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pasarían de 81 a 54; las del Tribunal de Disciplina Judicial, de 45 a 30; y las del Tribunal Electoral, de 63 a 42. Se propone que los comités de evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial seleccionen a cuatro personas mejor evaluadas por cargo, y mediante una insaculación pública, se reduciría la lista a dos candidaturas por especialidad, garantizando la paridad de género.

Además de la simplificación de la boleta y la reducción de candidatos, la reforma plantea la creación de una Comisión Coordinadora. Esta comisión, integrada por representantes de los tres Poderes, tendría la función de verificar requisitos formales y homologar criterios de evaluación, incluyendo la aplicación de exámenes de conocimientos.

Otro aspecto relevante es la posibilidad de que las elecciones judiciales y las ordinarias se realicen en la misma ubicación, eliminando la necesidad de casillas separadas que generaron confusión en el pasado. La propuesta también establece que el conteo de votos se realice directamente en las casillas y que se adelante de septiembre a abril la convocatoria general emitida por el Senado, con el fin de otorgar más tiempo para la evaluación de las candidaturas.

En el ámbito de la capacitación, la iniciativa contempla programas obligatorios de actualización y capacitación permanente para todos los jueces y magistrados. El Tribunal de Disciplina Judicial, en colaboración con la Escuela Judicial, sería el encargado de implementar estas evaluaciones y capacitaciones continuas, con criterios y metodologías que garanticen la transparencia.

La propuesta también busca que los Poderes Judiciales locales adapten sus procesos electorales a criterios similares a los del ámbito federal, incluyendo comités de evaluación con metodologías unificadas, insaculación obligatoria de candidaturas, reducción de candidatos en boletas y evaluaciones de desempeño.

En la elección programada para el 4 de junio de 2028, se renovarían importantes cargos dentro del Poder Judicial. A nivel federal, se elegirán cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito y 385 jueces de distrito. En el ámbito local, la renovación abarcará 424 magistrados y 2,831 jueces en 25 entidades federativas. Las elecciones judiciales posteriores seguirían siendo concurrentes con procesos ordinarios para renovar las vacantes que se generen.

La iniciativa será enviada este lunes a la Comisión Permanente para su turno a la Cámara de Diputados, con la expectativa de ser aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas locales en los primeros días de junio. Este movimiento representa una de las mayores reorganizaciones judiciales planteadas desde la reforma de 2024 que estableció por primera vez el voto popular para jueces, magistrados y ministros.

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