Suiza Rechaza Masivamente Reformas Clave: No a Servicio Militar Femenino y Gran Impuesto a Superricos en Histórico Referéndum

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Suiza rechaza en referéndum el servicio militar obligatorio para mujeres y un nuevo impuesto del 50% a las herencias y donaciones de superricos. Los ciudadanos votaron masivamente en contra de ambas propuestas.

En una jornada democrática significativa celebrada el domingo 30 de noviembre de 2025, la ciudadanía suiza ha rechazado de manera contundente dos propuestas de calado nacional que buscaban transformar aspectos fundamentales de su sociedad y economía. Un referéndum nacional vio a los votantes oponerse mayoritariamente tanto a la modificación del servicio militar obligatorio masculino para incluir a las mujeres en un servicio ciudadano ampliado, como a la implementación de un impuesto a las grandes herencias y donaciones para los superricos.

El primero de los temas sometidos a votación giraba en torno a la propuesta de cambiar el actual servicio militar, que es obligatorio solo para los hombres, por un 'servicio ciudadano' que también convocaría a las mujeres y que extendería sus labores más allá de la seguridad militar tradicional. Esta iniciativa, impulsada por la organización 'Por una Suiza que se integra', defendía una noción ampliada de seguridad, argumentando que el país no solo enfrenta amenazas militares, sino también ciberataques, riesgos de escasez energética, desastres climáticos, como deslizamientos de tierra que han devastado pueblos alpinos, e incluso la creciente fragmentación social y el individualismo. Los promotores buscaban combatir estas amenazas y fomentar la cohesión social mediante actividades solidarias comunes, haciendo a Suiza más resistente a las crisis en un contexto de tensiones internacionales.

Sin embargo, la propuesta encontró una oposición masiva. Un rotundo 84% de los votantes suizos rechazó esta iniciativa, según los datos provisionales, confirmándose con un 84,15% en el escrutinio final. Tanto el Gobierno como el Parlamento suizo se posicionaron firmemente en contra de la reforma. Sus argumentos se centraron en que el ejército y la protección civil ya cuentan con suficiente personal, y que duplicar el número de alistados de los 35.000 actuales a más de 70.000 excedería las necesidades del país. Además, se advirtió que tal ampliación conllevaría un aumento considerable de los costos, estimándose en casi 2.000 millones de francos suizos (aproximadamente 2.100 millones de euros) en seguros sociales e indemnizaciones por no trabajar. Otro punto crucial de la oposición fue la preocupación de que la obligatoriedad para las mujeres impondría una carga adicional significativa, ya que muchas de ellas ya asumen una parte sustancial del trabajo no remunerado en el cuidado de hijos, familiares y las tareas del hogar. También se manifestó la preocupación de que esta medida podría afectar negativamente la economía al retirar a un gran número de jóvenes de la fuerza laboral.

El segundo referéndum abordó una iniciativa planteada por el ala juvenil del Partido Socialista suizo (Juso) para introducir un impuesto nacional del 50% sobre las herencias y donaciones que superaran los 50 millones de francos suizos (equivalente a unos 53 millones de euros). La iniciativa, bajo el lema "Los ultrarricos heredan miles de millones, nosotros heredamos crisis", buscaba gravar a las grandes fortunas con el objetivo de destinar los ingresos a la lucha contra el cambio climático y a una política climática socialmente justa. Se calculaba que este impuesto afectaría a unos 2.500 contribuyentes en Suiza y podría generar entre 4.000 y 6.000 millones de francos anuales, de los cuales dos tercios irían al gobierno federal y un tercio a los cantones, con la condición de ser utilizados exclusivamente para medidas climáticas. Los promotores también señalaban que las 300 fortunas más ricas del país suman un patrimonio de casi 900.000 millones de euros, con un 80% proveniente de herencias, y que estas fortunas causan daños ambientales a través de inversiones perjudiciales, jets privados y yates.

Esta propuesta también fue rechazada contundentemente por la ciudadanía, con un 78,2% de los votos en contra. Ninguno de los cantones del país apoyó la iniciativa. El Gobierno de coalición, junto con un Parlamento ampliamente fragmentado entre conservadores, socialistas, liberales y democristianos, había recomendado votar en contra. Sus principales argumentos se basaban en el temor a una "fuga de millonarios" del país, lo que erosionaría la base tributaria para los cantones y municipios y disuadiría a otras grandes fortunas de establecerse en Suiza, un destino tradicionalmente elegido por magnates y personalidades. Se advirtió que el impuesto podría “expropiar” empresas familiares construidas durante generaciones, socavando su continuidad y afectando los empleos locales. Además, se argumentó que la propuesta rompería el equilibrio del federalismo fiscal y crearía inseguridad jurídica debido a su aplicación inmediata y efectos retroactivos.

Estos resultados subrayan la naturaleza de la democracia directa suiza, donde los referéndums nacionales permiten a la población decidir directamente sobre nuevas leyes y políticas, requiriendo en muchos casos una doble mayoría de votos y cantones para su aprobación. En esta ocasión, la población ha expresado una clara preferencia por mantener el statu quo en estos dos ámbitos cruciales, optando por preservar el modelo actual de servicio militar y desestimando una reforma fiscal que buscaba un mayor gravamen a la riqueza para fines climáticos.

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