Suprema Corte Confirma Multa Millonaria: Sinaloa Deberá Reintegrar 2,300 MDP por Irregularidades Fiscales
Publicado elLa Suprema Corte ordena a Sinaloa reintegrar 2,300 millones de pesos cobrados en exceso por el SATES en 2020. Descubre las irregularidades fiscales y las consecuencias para la administración estatal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictado una sentencia que valida las resoluciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en relación con el Estado de Sinaloa, confirmando una multa que asciende a 2,300 millones de pesos. Este monto corresponde a cobros excesivos y auditorías irregulares detectadas en el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) durante el año 2020.
El dictamen del máximo tribunal del país se produce tras evaluar la falta de cumplimiento por parte de Sinaloa a los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal. Según los hallazgos, la administración estatal se apartó de los lineamientos federales establecidos para la realización de procedimientos de fiscalización.
Como consecuencia directa de estas irregularidades, el SAT impidió al Estado de Sinaloa iniciar actos de fiscalización de contribuciones federales por periodos de cuatro y seis meses. Adicionalmente, se determinó que la entidad no tendría derecho a recibir los incentivos fiscales correspondientes, lo que subraya la gravedad de las infracciones.
La controversia se remonta a la administración del exgobernador Quirino Ordaz Coppel, periodo durante el cual se firmó un convenio entre la Federación y el Estado de Sinaloa. Este acuerdo facultaba a Sinaloa para fiscalizar impuestos federales de personas con domicilio fiscal en la entidad. No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se reservó la facultad de supervisar y verificar el correcto ejercicio de estas atribuciones por parte del Estado.
Los juicios promovidos por el Estado de Sinaloa en 2021, buscando revertir estas sanciones, fueron declarados infundados por la Corte. La SCJN argumentó que las medidas impuestas estaban expresamente previstas en el convenio de colaboración y que, en este tipo de juicios, no es posible analizar la constitucionalidad de las cláusulas, limitándose el análisis a cuestiones de legalidad. Además, la Corte no revisó la forma en que la SHCP interpretó las normas aplicadas por la entidad federativa, ya que el parámetro de control era la Ley de Coordinación Fiscal y el clausulado del convenio.
El secretario de Administración y Finanzas estatal, Joaquín Landeros Güicho, ha confirmado que el Gobierno del Estado de Sinaloa se encuentra en proceso de negociar un convenio modificatorio con el Servicio de Administración Tributaria. El objetivo de estas negociaciones es extender el plazo para el pago de la multa de 2,300 millones de pesos, buscando liquidar la deuda en un periodo de 33 meses.
Paralelamente, se ha iniciado un proceso penal en Sinaloa para investigar la deuda de 2,300 millones de pesos al SAT, que sanciona a los funcionarios responsables. El Gobernador del Estado ha confirmado la apertura de una investigación formal para examinar la posible implicación del exgobernador y otros actores en el manejo erróneo de los recursos públicos, con un enfoque en las auditorías deficientes realizadas. La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas calificó el incidente como una “Falta grave” debido a las inconsistencias detectadas.
La Fiscalía General del Estado ha asumido la responsabilidad de esta investigación, concentrándose en determinar las fallas en el sistema administrativo que pudieron haber permitido la asunción y el pago indebido de la deuda. El proceso busca identificar los puntos de quiebre en el control de auditorías y en la autorización de pagos, garantizando la objetividad en la determinación de responsabilidades.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la supervisión federal en el ejercicio de facultades fiscales delegadas a los estados y refuerza el papel de la Suprema Corte como garante del cumplimiento de los convenios administrativos. La sentencia de la SCJN reitera que las entidades federativas deben adherirse estrictamente a los marcos normativos acordados para evitar sanciones y afectaciones a las finanzas públicas. La resolución no solo impacta las arcas de Sinaloa, sino que también sienta un precedente para la transparencia y la rendición de cuentas en la administración tributaria subnacional.
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